Por Francisco Pérez (*)
Los que conocemos bien a Remedios García Albert sabemos de su trabajo generoso por buscar una salida política y negociada al conflicto colombiano. Los que creen que la paz solo llegará a Colombia por esta vía hace tiempo que están criminalizados por el guerrerismo militarista de Uribe. Lo sorprendente es cómo la Audiencia Nacional Española puede dejarse llevar o el gobierno español creer a un gobierno farsante como el de Uribe y ceder a sus peticiones. Un gobierno que asesina brutalmente a Raul Reyes en Ecuador violando el derecho internacional. Un gobierno que acusa a Chávez y a Correa de vínculos con las FARC. Que ha acusado a las ONGs de derechos humanos de ser "guerrilleras". Senadoras como Piedad Córdoba y periodistas prestigiosos como Carlos Lozano o Alfredo Molano (amenazados por los paramilitares) están siendo investigados por supuestos vínculos no probados con las FARC y por denunciar los crímenes paramilitares, por la Fiscalía General del sr Mario Iguarán. El mismo Fiscal que acusa a Remedios pero que no desarrolla investigación ni persecución alguna contra los grupos paramilitares que han sembrado por miles Colombia de sangre y motosierras. Solo este año los paramilitares han asesinado ya a 40 sindicalistas, tal y como ha denunciado la CUT. También decenas de líderes indígenas, políticos del PCC y del PDA, etc. Miles de víctimas en la impunidad.
Nada de extrañar, si como ha denunciado la Corte Suprema de Justicia de Colombia, los vínculos de Uribe con los paramilitares ya superan las reuniones cómplices con ellos de sus senadores y diputados, hasta llegar el mismo presidente a runirse con los abogados de los 'paracos' en la propia Casa de Nariño, "para denunciar un complot de la Corte Suprema contra el Presidente". Un presidente que no respeta a la Justicia es un presidente antidemocrático, que no respeta la división de poderes.
La realidad es que Uribe es cómplice de los crímenes de los paramilitares desde que en los años 90, siendo gobernador de Antioquia, financió y promovió las CONVIVIR, grupos paramilitares de autodefensa. La realidad es que Uribe figura desde 1995 en la lista de narcotraficantes con el num.82 en las listas del gobierno de EEUU. Que ha hecho lo imposible por librar a los paramilitares del castigo judicial que merecen sus crímenes contra la humanidad. Que hizo para ellos una ley de impunidad que la Corte Suprema le tumbó. Que los extraditó parcialmente a EEUU porque allí serán acusados de narcotráfico y no de crímenes contra la humanidad, y la condena será menor. La realidad es que en la lucha contra las FARC ha encontrado su campaña electoral y ha acusado a todo el que trabaja por la paz de ser 'terrorista' porque necesita eliminar obstáculos para ser reelegido por tercera vez y aferrarse al poder, no vaya a ser que su gobierno termine investigado y procesado por la Corte Suprema en Colombia o se vea en el futuro ante la Corte Penal Internacional. Tiene prisa a su vez, porque a Bush se le acaba el tiempo y llegará Obama con otra política para Cuba y para Colombia. Analistas de EEUU y del Partido Demócrata ya ven que puede terminar como Noriega el de Panamá.
Por eso, la estrategia de Uribe, fracasada ya su política económica neoliberal, y escandalizada la ciudadanía por sus más de 60 senadores y diputados acusados, imputados y algunos ya condenados por vínculos con el paramilitarismo, se centra en lograr éxitos contra las FARC, aunque en el medio tenga que acusar falsamente a todo aquel que critica sus vínculos con el paramilitarismo y cree en una salida negociada. A él no le importa la condena de una inocente española, sino la propaganda a su favor que supone. A la Audiencia Nacional y al Gobieno socialista español sí deben importarle la verdad y la justicia, y no ceder ante las presiones y necesidades políticas de un gobierno colombiano de extrema derecha desprestigiado, presidido por un hombre ya quemadopuesto en el cargo por la mafia paramilitar y la mafia del narcotráfico.
(*) Francisco Pérez es Coordinador
de Política Exterior de IU
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